Arroyos alambrados: Inspección en Potrerillo de Larreta

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El juzgado que lleva adelante la causa Potrerillo de Larreta contra Provincia, realizó una inspección ocular en el arroyo Los Paredones, en el tramo que se encuentra alambrado por el barrio privado Potrerillo de Larreta. Según manifestantes de Todos por Nuestros Arroyos, no hubo representantes de la Provincia. Con los alegatos presentados, resta poco para la resolución de la cuestión de fondo, que permitirá saber si el arroyo podrá volver a ser de uso de toda la ciudadanía.

Durante la mañana del viernes 23, autoridades judiciales realizaron una inspección ocular en Potrerillo de Larreta. La acción se llevó a cabo por el juicio que el country le inició a la Provincia debido a que ésta removió los alambres que el barrio privado colocó sobre el arroyo Los Paredones.

“Esta era una última instancia antes de resolver la cuestión de fondo”, informaron desde Todos por Nuestros Arroyos, que presenciaron la inspección. Además de la jueza Graciela Vigilanti, hubo abogados del barrio privado y representantes de Fundeps, la Fundación de profesionales cordobesa que asesora al colectivo social en materia jurídica en el caso. Asimismo, no hubo presencia de abogados de la Provincia, que es la parte acusada.

También hubo presencia policial, que según se supo, fue convocada “para evitar cualquier tipo de disturbio”. “En esta instancia se resuelve el fondo, que es alambrado sí o alambrado no. Si hay otras irregularidades que presentar más allá del alambrado, podemos presentar en apelación”, informaron desde el colectivo social. Los integrantes del colectivo social esperaron fuera del barrio privado mientras se hacía la inspección en el interior, donde se encuentra alambrado el espacio público.

Situación judicial

El juicio sobre el que se resolverá la cuestión de fondo fue iniciado por Potrerillo de Larreta después de que la Provincia actuara de oficio y removiera los alambres con los que tenía cercado el paso al espacio público.

Luego de pasar por distintas cámaras y llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, la causa llegó a manos del Juzgado que encabeza Graciela Vigilanti. Allí participa como tercero interesado la Municipalidad quien aportó entre sus alegatos finales pruebas producto de la investigación de Todos por Nuestros Arroyos y la organización social que es representada por Fundeps.

Durante el conflicto político judicial, en distintos momentos se removieron los alambres y se volvieron a colocar producto de medidas cautelares otorgadas a Potrerillo de Larreta. Mientras tanto el Municipio jugó un papel ambiguo, ya que si bien presentó pruebas para la liberación del arroyo, en figura del intendente Facundo Torres nunca se expresó públicamente y hasta participó de “eventos sociales” organizados por el country en pleno conflicto judicial.

Ahora, resta poco para que se resuelva la cuestión de fondo, aunque según trascendidos, la estrategia de una de las partes es “sacar la causa” de Alta Gracia y llevarla a otra jurisdicción.

Informa: Diario Tortuga de Alta Gracia

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