Malabaristas de Huerta Grande pidieron la derogación de la ordenanza

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Fotografía: Paola Piñeyro

Así se presentaban los malabaristas del semáforo de Huerta Grande a pedir la derogación de la ordenanza anti-malabaristas.

Los abajo firmantes, solicitamos la inmediata derogación de la Ordenanza 1228/2016 por afectar derechos esenciales que se enumeran a continuación.
1) La mentada ordenanza carece de legitimidad ya que no fueron convocados los interesados previo a su sanción, jamás se publicó, ni se generó una discusión real y participativa de la misma, los sujetos destinatarios de la misma se enteraron a partir de las intervenciones policiales. Los motivos enunciados en la norma, “seguridad de los automovilistas y transeúntes”, no cuenta con ningún antecedente, hecho ni denuncia formal que lo justifique, por lo que dicha prohibición deviene en arbitraria. En cuanto a que estas actividades alteran y ocasionan inconvenientes en la normal circulación de vehículos y peatones, tal como lo enuncia el segundo párrafo de sus considerandos, es falaz.
2) La ordenanza se aprueba para prohibir una actividad que es realizada por ciudadanos que están obteniendo lo necesario para vivir, en un contexto de crisis económica, no se plantea de qué manera los sujetos a quienes se les prohíbe una actividad artístico/laboral pueden desarrollar su actividad en otro espacio que la reemplace y satisfaga.
3) Viola el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, derecho civil fundamental garantizado por el art. 14 de nuestra carta magna.
4) Se impide el ejercicio de la libertad de expresión, consagrada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional)
5) Viola garantías y derechos consagrados por la constitución provincial, que establece que toda persona goza del derecho a la creación artística, a participar de los beneficios de la cultura y a comunicarse, expresarse e informar (artículo 19 incisos 4 y 10).
6) Mediante una simple ordenanza se pretende prohibir una actividad laboral, aspecto expresamente delegado por nuestra constitución nacional al Congreso de la Nación. Un Municipio no tiene competencia para ello.
7) En lugar de regular, la ordenanza simplemente prohíbe una actividad, y crea una falta administrativa en un espacio (ruta nacional) sin jurisdicción municipal.
8) No se respeta el principio de lesividad: Todo acto que no genera una lesión, no puede ser prohibido. Es decir, se lleva adelante el ejercicio de la represión prohibiendo una actividad de manera infundada. El principio de lesividad es un principio básico del derecho penal y de los derechos y garantías constitucionales. En el articulo 2 de la ordenanza se da la facultad de reprimir a la policía, sin que nadie establezca cual es el daño que se está ocasionando. “Es mas lesiva la ordenanza que la actividad que la gente está desarrollando. La municipalidad viola la legislación al querer regular actividades que están fuera de su alcance”

Es por ello que venimos a solicitar:
a) Se derogue la ordenanza 1228/16, bajo los fundamentos arriba expuestos
b) Se convoque a una audiencia participativa, donde el pueblo y los interesados elaboren los criterios y pautas que legitimen una regulación de la actividad, que respete los extremos legales señalados.

Fuente: Radio Panamericana – Huerta Grande

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